Poder aeroespacial y defensa nacional: la encrucijada argentina

El presente informe analiza la convergencia crítica entre la regulación del dominio aeroespacial, la protección de activos de valor estratégico y los nuevos mecanismos de financiamiento militar en la República Argentina. Ante un escenario de transformación tecnológica y normativa, este análisis integra las disposiciones de los recientes decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional con las realidades presupuestarias proyectadas para el ejercicio 2026, y ofrece una hoja de ruta para la modernización del Instrumento Militar argentino.

1. El dominio aeroespacial: necesidad de reforma del régimen de competencias

1.1. Análisis del Decreto N° 995/1991

El marco normativo vigente, establecido por el Decreto N° 995/1991, otorga a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) la exclusividad sobre las actividades espaciales con fines pacíficos.

En el contexto actual, esta exclusividad constituye un anacronismo regulatorio. La evolución de las amenazas —que incluyen desde la militarización del espacio exterior hasta ataques asimétricos mediante sistemas no tripulados— exige una revisión de este monopolio civil para permitir una integración efectiva de la defensa nacional en la última frontera estratégica.

1.2. La Fuerza Aérea Argentina como columna vertebral del poder aeroespacial

Resulta técnicamente imperativo que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) ejerza capacidades plenas de vigilancia, control y disuasión en el dominio aeroespacial, tal como indica el artículo 4° del Decreto PEN N° 1407/2004.

Por su parte, el Decreto PEN N° 1112/2024 sustenta esta necesidad al reconocer explícitamente el espacio exterior, el ciberespacio y el espectro electromagnético como ámbitos donde deben desarrollarse operaciones militares (considerando decimoquinto).

La FAA debe ser la encargada de garantizar que el espacio no sea utilizado como vector para agresiones externas o actividades terroristas, recuperando su rol histórico en la protección de la soberanía tecnológica y física del país.

Según su declaración institucional oficial, la misión de la Fuerza Aérea Argentina consiste en: "Contribuir a la defensa nacional, adiestrando, alistando y sosteniendo sus medios, conformándose en la columna vertebral del poder aeroespacial, para actuar en forma disuasiva y efectiva en el aeroespacio de jurisdicción y de interés, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la Nación."

Esta misión implica: poder de combate para producir efectos en múltiples ámbitos; movilidad de alcance global; comando y control; y vigilancia, reconocimiento e inteligencia aeroespacial.

La Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) vigente, aprobada por Decreto PEN N° 457/2021 y actualmente sujeta a modificación conforme al artículo 20 del Decreto PEN N° 1112/2024, identifica al espacio aeroespacial como un dominio en el cual la Fuerza Aérea Argentina debe ejercer su misión primaria y esencial de protección de los intereses vitales de la Nación.

El párrafo 13 del Capítulo II de la referida Directiva establece que "a los efectos de garantizar los intereses vitales de la Nación, deben preverse y mantenerse los mecanismos necesarios para el control, la vigilancia, el reconocimiento y la producción de inteligencia militar estratégica de los espacios aeroespaciales, marítimos, terrestres y ciberespaciales. Este marco situacional debe ser abordado a partir de niveles de disuasión razonables, en cumplimiento de la misión primaria y esencial del Instrumento Militar."

1.3. Comando Conjunto de Vigilancia y Control Aeroespacial

Bajo la dependencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO), este comando ejerce la función crítica de proteger la soberanía en tiempos de paz y de conflicto. La especificidad y particularidad en materia aeroespacial recae, no obstante, en la Fuerza Aérea Argentina, con fundamento en su misión primaria.

Conforme al artículo 10 del Decreto N° 1112/2024, el EMCO debe garantizar el control funcional de estos medios a través del Comando de Operaciones Conjuntas. La integración de sistemas de alerta temprana y radares es la única garantía de una respuesta efectiva ante incursiones que afecten los intereses vitales de la Nación.

2. Marco legal integrado y protección de activos estratégicos

2.1. Ley N° 23.554 de Defensa Nacional

El sistema de defensa se cimenta sobre los principios de soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Su finalidad última es la protección de la vida y la libertad de los habitantes frente a agresiones de origen externo, ya sean estatales o provenientes de organizaciones transnacionales con capacidad de daño estratégico.

2.2. Definición y custodia de Objetivos de Valor Estratégico

De acuerdo con lo establecido en el Decreto PEN N° 1107/2024, la protección de activos críticos se articula bajo las siguientes premisas:

• Definición. Cualquier bien, instalación o entidad material cuya destrucción o afectación ocasione graves perjuicios a la vida, la economía, el ambiente o la Seguridad de la Nación.
• Calificación exclusiva. La identificación de un activo como Objetivo de Valor Estratégico es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de los Ministerios de Defensa o Seguridad.
• Alcance. Incluye infraestructuras de energía, comunicaciones, redes de comando y control, y activos tecnológicos de vital importancia.

2.3. Cooperación interinstitucional y comando operacional

La custodia de los Objetivos de Valor Estratégico implica una coordinación estrecha entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la normativa es taxativa: en caso de guerra, conflicto armado o conmoción interior bajo estado de sitio, el comando operacional de los Objetivos de Valor Estratégico y de todas las fuerzas asignadas a su protección recae exclusivamente en las Fuerzas Armadas.

3. Planeamiento estratégico: la DPDN y el ciclo de planeamiento

3.1. Directiva de Política de Defensa Nacional

La actual Directiva de Política de Defensa Nacional establece el diseño de fuerzas basado en capacidades. Este enfoque abandona las hipótesis de conflicto tradicionales para centrarse en la alerta temprana estratégica y en la polivalencia de los medios frente a un escenario global incierto.

3.2. Apreciación del escenario global y regional: activos críticos

La DPDN vigente —sujeta a modificación conforme al artículo 20 del Decreto PEN N° 1112/2024— identifica áreas de valor estratégico incalculable que requieren protección inmediata:

• Recursos naturales. El "Triángulo del Litio" y el yacimiento de hidrocarburos no convencionales "Vaca Muerta".
• Geopolítica del Sur. El sistema integrado por la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida. Se subrayan como puntos de fricción el Estrecho de Magallanes, el Mar de Hoces (Pasaje de Drake) y la ocupación ilegal de las Islas Malvinas.
• Logística antártica. La consolidación del Polo Logístico Antártico en Ushuaia y la reactivación de la Base Petrel como centros neurálgicos de soberanía.
• Ciberespacio. Reconocido como una dimensión transversal que afecta la infraestructura crítica y la toma de decisiones.

Cabe analizar de qué manera, con la emisión de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, se mantendrán o modificarán las áreas de valor estratégico enumeradas.

4. Dimensión presupuestaria: Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar

4.1. Análisis del Decreto N° 314/2026 (PARMA)

El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (PARMA) surge como una respuesta urgente para revertir la degradación material del Instrumento Militar. Este plan pone especial énfasis en la incorporación de tecnologías de ruptura, tales como la inteligencia artificial, la robótica avanzada y los sistemas de armas autónomos o no tripulados, elementos indispensables para la defensa moderna.

4.2. Fuentes de financiamiento específicas

Los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 314/2026 establecen recursos adicionales para el Ministerio de Defensa, provenientes de tres fuentes específicas con sus respectivos porcentajes de afectación:

Esta estructura de financiamiento revela una lógica presupuestaria orientada a nutrir al Ministerio de Defensa con recursos extraordinarios provenientes de la reasignación patrimonial del Estado Nacional, con especial peso en la recuperación económica de los inmuebles originalmente afectados a la propia cartera militar.

4.3. Complementariedad con el FONDEF

Estos recursos son estrictamente adicionales y complementarios. Bajo ningún concepto deben interpretarse como un reemplazo de las partidas ordinarias. El FONDEF debería mantenerse como la herramienta de financiamiento estructural, mientras que los recursos del PARMA deberían, a nuestro criterio, destinarse a la urgencia operativa y a la modernización tecnológica de punta.

5. Estatus jurídico del FONDEF y el presupuesto 2026

5.1. Derogación normativa en la Ley N° 27.798

El inciso d) del artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 estableció la derogación del inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565. Este cambio no resulta menor: el inciso derogado era el que, en esencia, garantizaba la automaticidad y el piso porcentual del financiamiento del FONDEF (estipulado en el 0,8% de los ingresos corrientes desde el año 2023 en adelante).

5.2. Advertencia estratégica

Al eliminar la asignación específica obligatoria, el FONDEF pierde su carácter de política de Estado plurianual y queda supeditado a la discrecionalidad de las asignaciones presupuestarias anuales. La desarticulación del financiamiento automático podría poner en riesgo la sostenibilidad de los contratos de reequipamiento a largo plazo y la credibilidad internacional del país como comprador de tecnología de defensa.

6. Conclusiones y recomendaciones de prospectiva

6.1. Síntesis estratégica

Argentina se encuentra en una encrucijada donde la modernización normativa —el reconocimiento de los dominios ciber y espacial— colisiona con la fragilidad financiera. La protección de los Objetivos de Valor Estratégico en la Patagonia y la Antártida requiere un Instrumento Militar equipado con inteligencia artificial y capacidades de disuasión real, lo cual resultaría inalcanzable sin previsibilidad presupuestaria.

6.2. Hoja de ruta: acciones prioritarias

Desde el CEPAI se considera menester analizar la conveniencia de promover:

• Reforma o derogación del Decreto PEN N° 995/1991. Adecuar las competencias de la CONAE y de la Fuerza Aérea Argentina para integrar el uso militar del espacio en la doctrina de defensa aeroespacial.
• Blindaje del financiamiento del FONDEF. Promover una norma aclaratoria que restablezca la previsibilidad presupuestaria del Fondo, a fin de asegurar que la derogación del artículo 30 de la Ley N° 27.798 no interrumpa los proyectos de inversión en curso para la vigilancia de los nuevos dominios estratégicos, particularmente el aeroespacial.