Del reclutamiento al frente

Durante 2026, autoridades de distintos países latinoamericanos informaron investigaciones judiciales, solicitudes de asistencia consular y advertencias relacionadas con ciudadanos que viajaron o fueron captados para prestar servicios vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania. Los antecedentes conocidos comprenden incorporaciones voluntarias a fuerzas armadas, ofertas laborales que habrían derivado en actividades militares, intermediarios que intervienen en los desplazamientos y situaciones investigadas bajo figuras relacionadas con trata de personas o trabajo forzoso (Fiscalía General del Estado de Bolivia, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026; Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026; Procuraduría General de la Nación de Panamá, 2026).

A fines de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina advirtió sobre los riesgos asociados al alistamiento de sus ciudadanos en fuerzas armadas extranjeras involucradas en conflictos armados internacionales. El comunicado menciona fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal, dificultades para abandonar esas fuerzas después de la incorporación y ofertas presentadas como actividades civiles que pueden terminar derivando en contratos militares. Su alcance comprende conflictos internacionales en general. Dentro de esta investigación, ese antecedente funcionó como punto de partida para indagar si situaciones comparables aparecían en otros países latinoamericanos y, en particular, alrededor de la guerra ruso-ucraniana (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, 2026).

El contraste regional amplió la pregunta inicial. Colombia registra solicitudes de asistencia relacionadas con ciudadanos en Rusia y Ucrania. Perú ha informado personas enlistadas, fallecidas, desaparecidas, capturadas y otras que escaparon de situaciones calificadas oficialmente como reclutamiento forzado. Panamá investiga la captación de ciudadanos con fines militares en Rusia, mientras Bolivia mantiene causas por presunta trata vinculada con reclutamiento para conflictos armados y ha solicitado cooperación a otros países, incluida Rusia. República Dominicana ha advertido sobre ofertas laborales para viajar a Rusia y su posible vinculación posterior con actividades relacionadas con la guerra (Fiscalía General del Estado de Bolivia, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026; Procuraduría General de la Nación de Panamá, 2026).

Considerados en conjunto, estos antecedentes permitirían observar un fenómeno regional en el que coexisten distintas trayectorias de incorporación. La posible presencia de intermediarios, empresas o redes que operen sobre ciudadanos de varios países permanecería como una hipótesis de investigación. Su contrastación requeriría identificar recurrencias entre actores, canales de contacto, rutas, mecanismos de financiación, contratos y organizaciones receptoras (Fiscalía General del Estado de Bolivia, 2026; Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026; Procuraduría General de la Nación de Panamá, 2026).

Desde esta perspectiva, la expresión “voluntario extranjero” describe sólo una parte de la trayectoria. Puede informar sobre una decisión inicial de incorporarse, mientras deja abiertas otras dimensiones relacionadas con la información disponible antes del viaje, la organización en la que la persona esperaba prestar servicio, las condiciones que finalmente encontró y las posibilidades posteriores de desvinculación.

Distintas formas de llegar al conflicto

Una primera trayectoria corresponde a personas que conocen de antemano que viajarán para prestar servicio militar. Tanto Rusia como Ucrania contemplan jurídicamente la incorporación de extranjeros mediante contratos. En Ucrania, los extranjeros y las personas apátridas pueden incorporarse por contrato a diferentes componentes estatales. Rusia regula igualmente el ingreso contractual de ciudadanos extranjeros y personas apátridas al servicio militar (Federación de Rusia, 1998/2026; Verkhovna Rada of Ukraine, 1992/2026).

Durante 2026, Ucrania agregó un régimen experimental de contratos motivacionales que comprende también a extranjeros y personas apátridas. Para determinadas incorporaciones prevé contratos de catorce meses, con permanencia mínima de doce meses en los puestos y unidades comprendidos por el régimen y participación directa en acciones de combate durante un período acumulado no menor de seis meses. Estas condiciones corresponden a una modalidad contractual específica y deben distinguirse del régimen general aplicable al servicio de extranjeros (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2026b).

Conocer que se prestará servicio para Rusia o Ucrania supone conocer una parte del vínculo que se acepta. Podrían permanecer indeterminados la unidad de destino, la función, el régimen contractual, el tiempo efectivo de permanencia o las condiciones bajo las cuales posteriormente puede solicitarse la baja.

Otra trayectoria comienza con una oferta laboral. En mayo de 2026, el Ministerio Público del Perú abrió investigaciones preliminares a partir de denuncias sobre ciudadanos que habrían sido captados mediante propuestas para desempeñar tareas de seguridad u otras funciones en Rusia. Según la información recibida por las autoridades, después del traslado habrían sido obligados a participar en acciones de combate. Las actuaciones fueron iniciadas bajo la figura de presunta trata de personas (Ministerio Público del Perú, 2026).

En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó la repatriación de cuatro ciudadanos que habían escapado de situaciones calificadas oficialmente como reclutamiento forzado para prestar servicios en la guerra contra Ucrania. La misma comunicación registró 459 peruanos enlistados, 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por fuerzas ucranianas. La fuente permite observar, dentro de una misma nacionalidad, personas que se enlistaron y otras que requirieron asistencia después de situaciones de reclutamiento forzado (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026).

Panamá presenta otra casuística. En septiembre, la Procuraduría General de la Nación informó una investigación por presunta trata relacionada con la captación y reclutamiento de ciudadanos panameños con fines militares en Rusia. La causa había comenzado en junio y produjo la aprehensión de tres personas investigadas por su posible participación en el proceso de captación (Procuraduría General de la Nación de Panamá, 2026).

República Dominicana abordó la cuestión desde la prevención. Su Ministerio de Relaciones Exteriores informó haber recibido denuncias e información sobre ofertas laborales para viajar a Rusia y su posible vinculación posterior con actividades relacionadas con el conflicto. La advertencia presta atención a la procedencia de la oferta, la identidad del empleador, las condiciones de contratación y la utilización de intermediarios cuya identidad o acreditación resulte difícil comprobar (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, 2026).

El cruce de estos antecedentes permitiría trabajar con una trayectoria compuesta por oferta laboral, desplazamiento, revelación o modificación de la finalidad e incorporación militar. La frecuencia de esa modalidad dentro del universo de latinoamericanos que participan en el conflicto requerirá una base de casos más amplia, aunque su existencia aparece ya en investigaciones y actuaciones estatales de diferentes países.

Saber para qué bando se combate y saber dónde se prestará servicio

El alineamiento con uno de los contendientes tampoco determina por sí solo la organización de pertenencia.

En Ucrania, el Ministerio de Defensa explica que la expresión International Legion no identifica una única unidad, sino un conjunto de formaciones de extranjeros distribuidas entre diferentes componentes de las Fuerzas de Defensa. La denominación comprende unidades vinculadas con las Fuerzas Terrestres y la Defensa Territorial, mientras existen extranjeros incorporados también en otros componentes estatales (Ministerio de Defensa de Ucrania, 2026).

En julio de 2026, el gobierno ucraniano estableció además un procedimiento mediante el cual empresas previamente verificadas pueden acompañar a candidatos extranjeros durante el proceso de documentación, traslado, seguro, alojamiento y alimentación hasta la firma del contrato militar. Las empresas deben cumplir condiciones fijadas por el Estado y, cuando el candidato finalmente no se incorpora, el procedimiento prevé mecanismos relacionados con su retorno. El actor que participa en la captación o en la logística puede ser, por lo tanto, distinto de la institución que posteriormente celebra el contrato y ejerce el mando (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2026a).

Del lado ruso, junto con la vía contractual estatal aparecen estructuras de otra naturaleza. La Unión Europea mantiene a PMC Redut dentro de su régimen de sanciones y la caracteriza como una entidad militar privada radicada en Rusia que, según la información utilizada para su designación, operaría bajo mando del Ministerio de Defensa ruso y habría participado en actividades de combate en Ucrania. La descripción corresponde a una fuente institucional europea y se utiliza aquí de manera atribuida (Consejo de la Unión Europea, 2026).

El Grupo Wagner constituye un antecedente de la utilización de estructuras diferentes de las fuerzas regulares en apoyo del esfuerzo militar ruso. Su actuación incluyó el reclutamiento y coordinación de combatientes para operaciones en Ucrania. Las transformaciones producidas después de 2023 aconsejan analizar separadamente las organizaciones que operan en el escenario actual, su relación con el Estado, sus contratos y sus cadenas de mando (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2025/2026).

A partir de estas diferencias proponemos utilizar provisionalmente la noción de certeza de adscripción. Con ella nos referimos al grado de conocimiento que posee una persona antes del desplazamiento respecto de la organización en la que terminará incorporada. Un candidato puede conocer Estado, fuerza, unidad y contrato. Otro puede conocer únicamente el contendiente para el que espera prestar servicio. Entre ambos casos existirían grados diferentes de conocimiento sobre la relación que se está aceptando.

Cinco brechas entre la oferta y el servicio

La casuística revisada permitió organizar el análisis alrededor de cinco brechas:

• Brecha de identidad: considera la relación entre quien aparece inicialmente ante el candidato y quien posteriormente interviene en la contratación o incorporación.
• Brecha de finalidad: compara la actividad comprendida al comenzar el proceso con aquella que finalmente se desarrolla.
• Brecha de adscripción: considera la organización esperada y aquella en la que termina prestándose servicio.
• Brecha de realidad: comprende función, remuneración, capacitación, duración, destino y exposición al combate.
• Brecha de salida: relaciona lo que la persona comprende acerca de su posibilidad de desvincularse con las condiciones jurídicas y materiales que encuentra después de incorporarse (Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026; Ministerio Público del Perú, 2026).

Estas brechas funcionan como preguntas de análisis. Una reasignación de unidad puede formar parte del funcionamiento de una fuerza armada. Una restricción temporal para terminar el servicio puede encontrarse prevista por la legislación o por el contrato. Otras divergencias podrían relacionarse con información incompleta, engaño, dependencia económica o coerción.

Desde esta perspectiva conviene separar voluntariedad inicial, conocimiento de las condiciones y capacidad posterior de desvinculación. Una persona puede viajar por decisión propia y disponer de información parcial acerca de la relación que asumirá. También puede incorporarse con conocimiento de las condiciones iniciales y encontrar posteriormente circunstancias distintas. La reconstrucción de esas variables permitiría clasificar el caso después de analizar su trayectoria.

Incorporarse implica ingresar en otro orden jurídico

La incorporación formal a una fuerza armada extranjera modifica el marco jurídico aplicable a la persona. La nacionalidad de origen permanece, mientras el estado militar adquirido incorpora obligaciones, procedimientos disciplinarios y posibles responsabilidades penales previstos por el Estado receptor.

En Rusia, el contrato de servicio militar puede celebrarse con ciudadanos extranjeros y personas apátridas, y la legislación vigente los contempla expresamente dentro del sistema de servicio contractual. El Decreto presidencial N.º 647 dispone además que los contratos alcanzados por el régimen de movilización continúan vigentes hasta la finalización de ese período salvo las causales de baja previstas. El encuadre de cada persona dependerá de su contrato y de las normas aplicables a su situación (Federación de Rusia, 1998/2026; Federación de Rusia, 2022).

Los ordenamientos militares contemplan además consecuencias frente al abandono del servicio. En Rusia, el artículo 338 del Código Penal diferencia la deserción de otras formas de ausencia y establece, durante movilización, ley marcial, tiempo de guerra, conflicto armado u operaciones de combate, penas de cinco a quince años en el supuesto agravado (Federación de Rusia, 1996/2026).

La legislación penal ucraniana también distingue ausencia no autorizada y deserción dentro de los delitos contra el orden del servicio militar. La diferenciación entre ambas figuras responde, entre otros elementos, a la conducta y a la finalidad de sustraerse del servicio (Verkhovna Rada of Ukraine, 2001/2026).

Este marco permitiría comprender por qué la decisión personal de regresar al país de origen y la posibilidad jurídica de abandonar inmediatamente una unidad pertenecen a planos diferentes. También delimita el alcance de la asistencia consular. El Estado de origen puede asistir a su ciudadano mientras continúan operando las obligaciones derivadas del ordenamiento militar bajo el cual presta servicio.

Brasil ha advertido expresamente sobre fallecimientos de ciudadanos que se alistan en fuerzas extranjeras, dificultades para interrumpir posteriormente la participación y limitaciones que los contratos pueden imponer a la asistencia consular. El comunicado argentino del 29 de septiembre incorpora advertencias similares respecto de las posibilidades de asistencia y de las condiciones pactadas con fuerzas extranjeras (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, s. f.; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, 2026).

La lectura cambia cuando aparecen denuncias sobre retención documental, amenazas, deudas impuestas, aislamiento u otras restricciones cuya explicación excedería las obligaciones previstas por el servicio. En esas situaciones podrían corresponder hipótesis relacionadas con abuso, trabajo forzoso o trata de personas. La investigación argentina, por ejemplo, analiza posibles obligaciones económicas vinculadas con traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismos de sujeción. Estas formulaciones corresponden a hipótesis de una causa penal en curso (Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026).

La expresión “no puedo volver” puede tomarse entonces como información inicial que requiere reconstruir el contexto. Interesan la organización de pertenencia, el contrato firmado, las normas aplicables, las condiciones de baja y las circunstancias en las que la persona intentó terminar el vínculo.

Una casuística distribuida en América Latina

En Argentina, una fiscalía federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), unidad especializada del Ministerio Público Fiscal, investigan una organización que habría captado mediante redes sociales a civiles y exintegrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos a combatir del lado ucraniano. La investigación refiere ofertas salariales cercanas a 3.000 dólares, períodos de incorporación estimados entre seis meses y tres años, contratos redactados en ucraniano que describían actividades ajenas al ámbito militar, instrucciones para declarar ante autoridades aeroportuarias que se viajaba para trabajar en construcción y personas que desconocían quién había pagado sus pasajes, quién las recibiría o cuáles serían sus tareas (Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026).

La misma causa incorpora una dimensión transnacional. El Ministerio Público Fiscal argentino informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM). Los fiscales señalaron indicios de organización estructurada y transnacional y plantearon como hipótesis la posible utilización de obligaciones económicas vinculadas con traslado, equipamiento o rescisión contractual como mecanismos de sujeción (Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026).

En Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores registraba al 5 de septiembre 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con ciudadanos en Ucrania y 890 relacionadas con ciudadanos en Rusia. Las solicitudes comprenden fallecimientos, desapariciones, detenciones, repatriaciones y otros pedidos de asistencia. El gobierno colombiano informó además acciones preventivas y gestiones diplomáticas ante ambos Estados (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026).

En Perú coexisten, dentro de la información oficial disponible, ciudadanos que se enlistaron y personas que recibieron asistencia después de situaciones calificadas como reclutamiento forzado. Esa coexistencia permitiría observar por qué la nacionalidad o el destino final aportan sólo una parte de la información necesaria para comprender la modalidad de incorporación (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026; Ministerio Público del Perú, 2026).

En Bolivia, el Ministerio Público informó tres investigaciones por presunta trata con fines de reclutamiento para conflictos armados, con 16 posibles víctimas al momento de la comunicación oficial. Las autoridades solicitaron cooperación a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia para establecer paraderos, responsables y modalidades de actuación. La propia investigación contempla, por lo tanto, una dimensión transnacional que todavía se encuentra en proceso de determinación (Fiscalía General del Estado de Bolivia, 2026).

Las respuestas estatales abarcan investigación penal, cooperación internacional, prevención, asistencia consular y advertencias públicas. Su distribución podría relacionarse con las características de los casos detectados, los ordenamientos internos y el tipo de información que llega a conocimiento de cada autoridad.

Redes sociales dentro del proceso

Las plataformas digitales aparecen en distintas etapas de los casos relevados. La investigación argentina identifica redes sociales y aplicaciones de mensajería dentro del proceso de captación. Las actuaciones panameñas también investigan mecanismos de reclutamiento con apoyo de medios digitales, mientras República Dominicana incorporó a su advertencia las ofertas gestionadas exclusivamente por canales digitales o mediante intermediarios cuya identidad resulta difícil comprobar (Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, 2026; Ministerio Público Fiscal de Argentina, 2026; Procuraduría General de la Nación de Panamá, 2026).

Las fuentes periodísticas permiten observar además trayectorias que complementan las comunicaciones estatales. Un relevamiento de TN documentó publicaciones en TikTok de un combatiente argentino incorporado a una brigada ucraniana que realizaba convocatorias, mantenía contacto con candidatos y participaba en la organización de su traslado. El caso permitiría observar una modalidad en la que un combatiente extranjero ya incorporado participa posteriormente en la captación de nuevos voluntarios (Bañez, 2026).

Del lado ruso, El País entrevistó a un ciudadano colombiano que declaró haberse incorporado mediante un contacto originado en TikTok. Según su relato, esperaba un período de entrenamiento de tres meses y fue enviado al combate aproximadamente quince días después de su llegada. Al momento de la entrevista se encontraba herido y manifestaba dificultades para obtener la baja. El valor de este caso reside en la reconstrucción de la trayectoria declarada por el entrevistado y en su contraste posterior con otras fuentes (Stacey, 2026).

El material procedente de redes y testimonios públicos requiere atender a sus condiciones de producción. Una publicación realizada directamente por un combatiente, una entrevista periodística, un contenido producido por la organización a la que pertenece y una declaración realizada durante el cautiverio poseen contextos diferentes. La verificación de identidad, fecha, procedencia y elementos externos de corroboración debería acompañar el tratamiento analítico de cada pieza.

Desde esta perspectiva, las redes sociales podrían funcionar tanto como espacio de observación como parte del proceso de contacto y captación. La comparación entre los discursos previos al desplazamiento y los testimonios posteriores podría aportar evidencia para estudiar las brechas de finalidad, adscripción, realidad y salida.

Una primera lectura desde el análisis estratégico

Hasta el 1 de octubre de 2026 se encuentran documentadas diferentes formas de incorporación de ciudadanos latinoamericanos a la guerra, investigaciones relacionadas con ofertas laborales y captación digital, mecanismos jurídicos mediante los cuales Rusia y Ucrania admiten extranjeros y solicitudes de asistencia vinculadas con personas que buscan regresar o conocer la situación de familiares (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2026; Ministerio Público del Perú, 2026; Federación de Rusia, 1998/2026).

La concentración de investigaciones, advertencias y solicitudes de asistencia durante 2026 admitiría distintas explicaciones. Podría estar relacionada con un aumento de la incorporación de extranjeros, con la expansión de algunos mecanismos de captación, con una mayor capacidad estatal de detección, con un incremento de las denuncias o con una combinación de estos procesos. La continuidad temporal de la investigación permitiría contrastar estas alternativas.

La eventual presencia de intermediarios o estructuras que operen sobre ciudadanos de distintos países permanecería como hipótesis de investigación. Su contrastación requeriría buscar recurrencias entre personas, empresas, canales digitales, itinerarios, financiación, documentación contractual y organizaciones receptoras. La cooperación internacional activada por distintas fiscalías podría aportar información para determinar si algunos casos responden a redes comunes, a mecanismos que se reproducen de manera independiente o a combinaciones entre ambos procesos.

Desde esta perspectiva, la trayectoria entre el primer contacto y la eventual desvinculación permitiría ordenar una parte de la casuística. Reconstruirla implica establecer qué conocía la persona antes de viajar, quién intervino en la captación, cómo se organizó el desplazamiento, con quién terminó vinculándose, qué función desarrolló y bajo qué régimen jurídico quedó comprendida.

Esta aproximación permitiría utilizar con mayor precisión categorías como voluntario, integrante de una fuerza regular, contratista, víctima de trata o mercenario. En este último caso, el artículo 47 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra establece requisitos acumulativos. Entre ellos se encuentra que la persona no sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en conflicto. La extranjería y la existencia de una remuneración forman parte del análisis, pero no configuran por sí mismas la condición de mercenario (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, 1977, art. 47).

La comparación latinoamericana permitiría así desplazar la atención desde el número de ciudadanos presentes en el frente hacia los procesos mediante los cuales llegan a él. Interesan las modalidades de captación, el conocimiento previo sobre la relación que se acepta, la organización efectiva de adscripción, las condiciones del servicio y las posibilidades posteriores de salida.

La investigación continuará examinando las conexiones entre los casos nacionales, las organizaciones receptoras, las estructuras de intermediación, las condiciones contractuales y el papel de las redes sociales. Una ampliación posterior hacia otros espacios geográficos permitiría comparar si estas modalidades aparecen también fuera de América Latina y qué diferencias introducen otros marcos jurídicos e institucionales.